Para la familia trabajadora chilena, la educación pública siempre ha sido el principal bastión de esperanza y movilidad social. Es el esfuerzo de madres, padres y abuelos que madrugan día a día para que sus hijos e hijas tengan las oportunidades que a ellos les fueron negadas. Hoy, ese anhelo está siendo desmantelado por decreto ministerial.
La aplicación a rajatabla del recorte presupuestario del 3% ejecutado por Hacienda golpeó de lleno al Ministerio de Educación con una merma de $504.000 millones (550 millones de dólares). Las consecuencias en las aulas y en la vida cotidiana ya son palpables:
- Deterioro en la JUNAEB: Reducción de la calidad nutricional y cobertura de las minutas escolares que alimentan a los niños de los hogares más vulnerables.
- Freno a la Gratuidad Universitaria: Nuevas trabas y restricciones de edad —dejando fuera a trabajadores mayores de 30 años que buscan reconvertirse laboralmente o terminar sus carreras—.
- Abandono de la salud mental escolar: Supresión de equipos de apoyo psicosocial y programas de innovación docente, en momentos donde la convivencia escolar requería mayor respaldo profesional, no menos.
Al mismo tiempo que se le resta presupuesto a una escuela de barrio o a una universidad regional, el gran empresariado celebra un perdonazo tributario sin precedentes. Se recortan programas sociales para financiar exenciones a los conglomerados económicos que acumulan ganancias récord.
A esta arremetida se añade una campaña mediática orquestada desde los sectores patronales y de gobierno para denigrar a las trabajadoras y trabajadores de la educación y el sector público, catalogándolos de “flojos” o “parásitos”. No lo permitiremos: son esos mismos trabajadores quienes sostienen el país día a día a pesar de la precariedad de recursos.
La respuesta de la clase trabajadora debe ser contundente. La Central Autónoma de Trabajadores (CAT) rechaza este desmantelamiento educativo y convoca a luchar por:
- La derogación total de la Mega Reforma y del ajuste fiscal de Quiroz.
- Una Reforma Tributaria real y justa, donde quienes más ganan aporten lo que corresponde.
- Un Plan Nacional de Inversión Social ejecutado por el Estado, orientado a la reconstrucción de escuelas, pavimentación, redes sanitarias y alcantarillado en comunas históricamente postergadas.
Invertir en nuestras comunidades no solo restituirá la dignidad de nuestros barrios y colegios: generará miles de puestos de trabajo con salarios y condiciones dignas para frenar la cesantía y reactivar la economía desde abajo.