Cualquier trabajadora o trabajador de nuestro país que haya acudido de madrugada a un consultorio o a las urgencias de un hospital conoce la angustia: salas de espera atestadas, turnos extenuantes para el personal de salud y una frase que se repite como condena: “No hay horas disponibles” o “el medicamento no ha llegado”.
Lo que el relato oficialista presenta cínicamente como un “déficit de gestión” o el pretexto para tildar a los funcionarios públicos de ineficientes tiene una causa política directa: la política de austeridad y el ajuste fiscal del 3% implementado por el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de la mano de la nefasta “Mega Reforma de Reconstrucción Nacional”.
Bajo el eslogan de la emergencia económica, el poder político y económico selló un verdadero traje a la medida para los grandes grupos corporativos:
- Una rebaja a los impuestos a las utilidades empresariales con un costo fiscal que despojó al Estado de 2.800 millones de dólares.
- La supresión de tributos a las herencias millonarias y la desregulación ambiental.
¿Quién paga la fiesta de las grandes fortunas? El pueblo trabajador. Para compensar estos privilegios, el Gobierno liquidó el gasto público en más de US$ 3.000 millones, golpeando de muerte a 142 programas sociales esenciales.
En la Salud pública, la pérdida de $517.000 millones (600 millones de dólares) no es una cifra abstracta en una planilla Excel: es la cancelación de cirugías electivas, la falta de reemplazos para el personal con licencia médica, la sobrecarga inhumana de técnicos y enfermeras, y el congelamiento definitivo de obras en recintos asistenciales que claman por modernización.
Desde la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) denunciamos que esta no es una crisis accidental, sino una demolición deliberada. Se empobrece el servicio público para orillar a las familias a endeudarse en el sistema privado. Reivindicamos con fuerza la labor de las y los funcionarios de la salud, rechazando el libreto estigmatizador que busca justificar despidos masivos.
Frente a este despojo, la salida no es resignarse: exigimos la derogación inmediata de la Mega Reforma y la implementación de un Plan Nacional de Inversión Social financiado con impuestos justos a los súper ricos, capaz de reconstruir la red hospitalaria y garantizar atención digna como un derecho innegociable.